Hemos escuchado del impuesto al carbono durante años. Hay quienes lo alaban y quienes creen que obstaculizaría el crecimiento económico y el empleo. Hay países que ya lo han adoptado desde hace tiempo, otros que lo han hecho recientemente o lo harán pronto, y otros que parecen no tener ninguna intención de aplicarlo. ¿Pero de qué se trata realmente y qué implica? ¿Es realmente útil para reducir las emisiones de CO2 en el desesperado intento de salvar el planeta? Y luego, ¿qué consecuencias tendría en la economía de un país? Vamos a aportar claridad.
El impuesto al carbono es un instrumento económico y fiscal diseñado por economistas para combatir las emisiones de CO2 y frenar el calentamiento global. Se trata de un impuesto que se puede definir como «pigouviano», ya que grava un «mal» más que un bien, y que se aplica a quienes producen dióxido de carbono en la atmósfera. Básicamente, el gobierno establece una tasa fija que luego se impone a cada tonelada de CO2 emitida. Todo esto obviamente sirve para desalentar el uso de combustibles en favor de soluciones más ecológicas, como las energías renovables.
El primero país en adoptarlo fue Finlandia en 1990, seguido por Suecia y Noruega en 1991 y Dinamarca en 1992. De hecho, los países del norte de Europa llevan mucho tiempo por encima de la lista de los países que producen menos gases de efecto invernadero, con porcentajes entre el 45% y el 55%. Según datos del Banco Mundial, en algunos de los países mencionados, una tonelada de CO2 cuesta 60 dólares en Noruega, 77 dólares en Finlandia y 127 dólares en Suecia.
Además del impuesto al carbono, existen otras iniciativas que tienen el mismo objetivo, entre estas tenemos el comercio de emisiones como el Sistema de Comercio de Emisiones (EU ETS) adoptado por la Unión Europea. En el sitio web del Banco Mundial hay un Panel de Fijación de Precios del Carbono que informa en tiempo real el número de iniciativas de fijación de precios del carbono y los países implicados. Actualmente hay 63 iniciativas, de las cuales 46 son leyes nacionales y 35 se refieren a administraciones locales. Uno de los últimos países en adherirse al impuesto al carbono es Alemania donde, a partir de 2021, se pagarán 25 euros por cada tonelada de Co2. Posteriormente el impuesto subirá a 55 euros y podrá llegar hasta 65 euros.
El número de consenso entre los economistas es alto, como lo demuestra la firma de más de 3.500 de ellos en la Declaración del Climate Leadership Council, publicada en el Wall Street Journal en 2019 y en la que se argumenta que el impuesto al carbono es «el instrumento más conveniente, en términos de relación coste-eficacia, para reducir las emisiones de carbono a gran escala y es necesario un impulso en esta dirección”.
A pesar de ello, el impuesto al carbono aún no es bienvenido en varios países, que creen que tendría enormes efectos negativos en la economía y el empleo. Estados Unidos, bajo la administración Trump, se encuentra entre los que apoyan esta idea. El presidente ha anunciado también la salida del país de los Acuerdos de París, argumentando que las restricciones previstas a favor del clima, costarían a la economía estadounidense «alrededor de $3 billones menos en PIB y 6.5 millones de empleos».
Sin embargo, dos estudios recientes parecen refutar esta tesis. Las investigaciones, ambas realizadas por el Resources for the Future Institute, se basan en datos recopilados en 15 países europeos que han adoptado el impuesto al carbono durante unos 30 años. Lo que surge es que no hay evidencia de que el impuesto al carbono tenga efectos negativos sobre el crecimiento, de hecho, parece que los efectos sobre el empleo serían incluso positivos. Se cree que esto se debe a que muchos países han utilizado los ingresos del impuesto al carbono para reducir otros impuestos, impulsando así el consumo.
