La economía digital, entendida como el conjunto de todas las actividades económicas que se basan precisamente en el uso de tecnologías digitales, se convierte cada día más en una rama fundamental de la economía. Su mayor centralidad ha llamado la atención sobre la serie de desafíos fiscales que conlleva y, en consecuencia, ha abierto la discusión sobre las soluciones más adecuadas para enfrentarlos.

Los sistemas fiscales tradicionales se basan en una economía de producción física, en la que se identifica una base imponible sobre la cual se aplican los tipos. En la economía digital, este pasaje se ve dificultado por la propia naturaleza de las actividades desmaterializadas que la componen. 

La oferta de bienes y servicios, en el comercio electrónico por ejemplo, no tiene presencia física ni legal. Y dado que con la legislación vigente las empresas que residen en un país pueden ser gravados en otro país solo si tienen una sede física fija en este último, mantener un registro y regularizar la tributación relativa a las ganancias de las empresas que operan en el sector digital es una operación difícil y todavía llena de incertidumbres. Esto ha hecho posible, especialmente para las multinacionales, desarrollar prácticas de evasión o elusión fiscal.

Las propuestas tributarias diseñadas para este contexto se refieren a impuestos digitales. Existen un impuesto de tipo unilateral y otro multilateral.  Vemos de qué se trata.

El impuesto digital propuesto por la Comisión Europea en 2018, se aplica a los ingresos por ventas de publicidad, transferencia de datos e intermediación entre usuarios y empresas. Quiere ir y regular la tributación de las multinacionales que operan en la red, con el fin de garantizar la equidad fiscal y la competencia leal. Se trata de una reforma fiscal que afectaría a los países de la UE y a los países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Como aún no se ha llegado a un acuerdo entre la UE y la OCDE, a la espera de un impuesto digital a nivel global, varios países han adoptado un impuesto digital unilateral, que consiste en una tasa que se aplica a los ingresos obtenidos por las llamadas empresas de Big Tech. Los países que lo han aplicado son Italia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Hungría y España.

Mientras tanto, el plazo para llegar a un acuerdo se ha pospuesto varias veces, también debido al coronavirus. De hecho, el pasado mes de junio los EE. UU. se retiraron de la mesa de negociaciones, culpando a la pandemia, y posponiendo el plazo hasta 2021. La candidata a la guía de la OCDE, Anna Diamantopoulou, cree que el acuerdo podría alcanzarse a principios de 2022.